La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), a raíz de los hechos ocurridos en la Universidad Nacional Micaela Bastidas (UNAMBA), informa a la opinión pública lo siguiente:
- La Ley Universitaria establece que todas las antiguas autoridades de las universidades públicas debieron cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2015, debiendo ser sustituidas por autoridades elegidas por alumnos y docentes en elecciones universales y democráticas
- Sin embargo, el proceso de renovación de autoridades de la UNAMBA se vio entorpecido debido a una medida cautelar declarada procedente por la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, la cual fue presentada por la Comisión Reorganizadora Total presidida por el señor Israel Hernández y designada por la extinta Asamblea Nacional de Rectores antes de la vigencia de la Ley Universitaria.
- Lamentamos los obstáculos que el señor Israel Hernández ha levantado en contra del cumplimiento de la ley, impidiendo que los estudiantes puedan retomar sus clases en un clima de paz y respeto a la legalidad.
- Hemos apelado ante la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Apurímac la medida cautelar que impide la adecuación de la UNAMBA a la Ley Universitaria, debido a que el pedido de nuestra Procuraduría Pública, de dejar sin efecto dicha medida, fue declarado improcedente por el Juez Juan Suyo Rojas. Adicionalmente, la Fiscalía Provincial Penal ha solicitado al mismo juez el archivamiento del proceso principal en el que se expidió la referida medida cautelar.
- Nos encontramos atentos a la decisión que adoptarán las autoridades judiciales, para, de ser el caso, proceder de acuerdo a ley y adoptar las medidas administrativas que correspondan para salvaguardar su cumplimiento.
- No intervenimos universidades ni designamos a las autoridades titulares o interinas de las universidades que se encuentran bajo su supervisión, en respeto de la autonomía universitaria.
- Hacemos un llamado a la comunidad universitaria para mantener la calma y recuperar el clima de paz en la región. Asimismo, invocamos a todos los organismos públicos y a las organizaciones de la sociedad civil a comprometerse, en el ámbito de sus competencias, en la solución de los problemas de gobernabilidad que afectan a esta casa de estudios.
- Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de la Ley Universitaria, a fin de que los jóvenes apurimeños y, en general, los jóvenes peruanos reciban una educación superior universitaria de calidad que los haga más competitivos y les permita así contribuir no solo con su desarrollo personal sino con el desarrollo de la región y del Perú.
Lima, 12 de febrero de 2016
